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La semana pasada, el 27 de febrero, registré mi candidatura a la presidencia de Venezuela. Aspiro a ser presidente porque creo que los venezolanos debemos tener la opción de escoger entre continuar con el desastroso gobierno de Nicolás Maduro o apoyar un camino de inclusión, progreso y justicia.

Algunos de mis compañeros de la coalición opositora de Venezuela, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), decidieron no participar en el proceso al alegar que el abuso de poder del régimen de Maduro hace inviable unas elecciones libres y justas. Tienen razón en denunciar los abusos del gobierno: Nicolás Maduro persigue a los líderes de la oposición, suspendió partidos políticos, llenó las instituciones electorales con sus partidarios y usa descaradamente los recursos públicos en su campaña. Las elecciones presidenciales venezolanas sucederán en un campo de juego inclinado a favor del gobierno.

A quienes no quieren participar en estas elecciones les preocupa que nuestra participación legitime un proceso fraudulento. También temen que, como resultado de nuestra decisión, pueda decaer el apoyo internacional que hemos logrado.

Sus preocupaciones son legítimas, pero no deberían llevarnos a rendirnos y entregarle a Maduro seis años más en el poder. Optar por competir con reglas injustas no legitima esas reglas: lo que hace es manifestar nuestra firmeza en la defensa de nuestros derechos. Y si el régimen decide robarse esta elección, que cuente con que me encontrará en las calles, al lado del valiente pueblo venezolano, luchando para que se respeten los resultados.

Estoy en desacuerdo con la estrategia de abstenerse de participar en esta elección. Los boicots electorales casi nunca funcionan. En país tras país, las fuerzas de oposición que han decidido abandonar la competencia electoral han perdido terreno y han permitido que los gobernantes consoliden su control del poder. Un estudio minucioso del instituto Brookings, que analiza 171 casos en el mundo, encontró que en 96 por ciento de ellos, los boicots electorales no llevaron a resultados positivos para los movimientos que los promovieron.

En cambio, cuando los movimientos de resistencia decidieron retar a los regímenes autoritarios en las urnas —desde Pinochet hasta Milošević— tuvieron muchas más oportunidades de generar cambios de régimen. Los gobiernos no ganan elecciones durante las hiperinflaciones, excepto en los casos —como el de Zimbabue en 2008— en los que la oposición ha cometido el error fatal de boicotear la votación.

Las encuestas de opinión muestran consistentemente que los venezolanos quieren votar en las próximas elecciones. En un estudio reciente del Atlantic Council, un instituto de investigación con sede en Washington, el 69 por ciento de los venezolanos —y 58 por ciento de los partidarios de la oposición— manifestaron que querían votar, aun en las condiciones electorales actuales. El 56 por ciento de los opositores advirtió que estaría dispuesto a votar incluso si la MUD hace un boicot.

Estoy de acuerdo en que las divisiones en la oposición le hacen daño a nuestra causa. Pero dado que la mayoría abrumadora de los venezolanos quiere votar, mi responsabilidad es mantenerme del lado de la gente, aun si ello implica romper con quienes quieren permanecer al margen de las elecciones. Continuaré dedicando mis esfuerzos a convencer a otros para que acompañen nuestra causa y ayuden a hacer más grande la avalancha de votos que sacará a Maduro del poder.

Durante sus seis años desastrosos en el poder, Maduro ha causado la contracción económica más profunda de la historia registrada de América Latina y la única hiperinflación en el mundo en la última década. Un trabajador que gana un salario mínimo hoy puede comprar solo una décima parte de los bienes y servicios que podía adquirir cuando Maduro llegó al poder. El 27 por ciento de los venezolanos comen menos de tres comidas diarias, en contraste con el 5 por ciento al inicio del gobierno de Maduro. Los venezolanos no pueden y no están dispuestos a tolerar seis años más de hambre, corrupción e incompetencia.

La prioridad de mi gobierno será asegurar que ningún niño venezolano se acueste sin haber comido. Buscaré ayuda internacional —incluyendo organismos bilaterales y multilaterales— para restablecer el abastecimiento de alimentos y medicinas. Crearé un programa de transferencias de efectivo condicionadas con el objetivo de erradicar el hambre. También liberaré inmediatamente a todos los presos políticos en el país, que han sido encerrados en las celdas del gobierno por el solo hecho de pensar distinto. Estas decisiones están relacionadas. Como demostró el Premio Nobel Amartya Sen, la democracia legítima es el mejor antídoto a las hambrunas. Los venezolanos quieren y merecen ser libres de la opresión y el hambre.

La situación oprobiosa que viven los venezolanos es el resultado de dos décadas de mal manejo de la economía. Mi país tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y de 1998 a 2012 disfrutó de una enorme bonanza petrolera. Tristemente, el resultado de esta buena suerte fue malgastado y robado. Los venezolanos merecen que sus finanzas públicas sean administradas con honestidad, responsabilidad y sentido común. Nos asociaremos con el resto del mundo para construir una economía dinámica que pueda traer progreso equitativo y sostenible a su gente.

Mi invitación a los venezolanos que se oponen al régimen autoritario de Maduro es que dejemos a un lado nuestras divisiones y nos unamos en torno a un proyecto común que haga de Venezuela un mejor país. Pero la reconciliación empieza con la justicia: las personas que han violado derechos humanos y cometido actos de corrupción deben rendir cuentas.

Estoy orgulloso de haber nacido en el país que dio origen, en gran parte de América Latina, al movimiento de  independencia. Ahora nos enfrentamos a nuestro mayor desafío: la batalla en la que demostraremos que la fuerza de nuestros votos es más grande que la de las balas del gobierno.