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El presidente Michel Temer decidió el viernes (16.02.2018) decretar la intervención federal en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, en medio de la escalada de violencia en la región. La decisión prevé que las Fuerzas Armadas asuman la responsabilidad sobre las policías civil, militar y sobre el cuerpo de bomberos del Estado. El interventor será el general Walter Souza Braga Netto, del Comando Militar del Este.

En entrevista con DW Brasil, el coordinador del Núcleo de Estudios sobre Violencia y Seguridad de la Universidad de Brasilia (NEV-UnB), Arthur Trindade, afirma que la intervención debe transmitir sensación de seguridad temporal, pero que la presencia de los militares no es en realidad una solución duradera para la crisis de seguridad en Río.

Ante la creciente ola de violencia, el presidente de Brasil decretó intervención federal en el área de seguridad de esa demarcación. (16.02.2018)

Trindade, que es exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, también llamó la atención sobre el impacto electoral de la intervención: “durante algún tiempo, las cosas van a estar bien”. Y, advierte, “hay que saber quién se va a beneficiar de ello”.

DW Brasil: Como experto en el área de la Seguridad Pública, ¿le sorprendió la decisión?

Arthur Trindade: Creo que fue una sorpresa incluso para el general interventor. No me parece algo que se estaba planeando entre bambalinas. Es una intervención inédita en cierto sentido. Ya ha habido otras intervenciones en seguridad pública, pero fueron “intervenciones blancas”, porque no fueron fruto de un decreto presidencial. En Alagoas, el Gobierno federal nombró una autoridad militar como secretario de Seguridad Pública. Dos veces.

¿Qué es diferente esta vez?

Por primera vez, el presidente decreta la intervención. Es muy diferente que nombrar a un secretario. Todas las policías quedan subordinadas a ese interventor que, por decreto, no está subordinado al gobernador. Por lo tanto, está fuera del juego de la política estatal. Eso le confiere mucho poder. Y eso es lo que se quería, pero ¿por qué no se hizo antes? Los anteriores presidentes, como Fernando Henrique y Lula, nunca quisieron, pues eso frena cualquier posibilidad de reforma. En el caso de Temer, es políticamente interesante, por la imposibilidad de aprobar la reforma. Aunque él dice que puede suspender la intervención para votarla, si eso se lleva al Tribunal Supremo, algunos ministros se posicionarán radicalmente contra la suspensión.

Desde el punto de vista técnico, ¿cuál debe ser el marco de la Seguridad Pública en un estado para que el Presidente de la República decida por la intervención?

Son varias posibilidades. Ciertamente, esta vez no fueron criterios estadísticos, porque Río de Janeiro no tiene la peor situación de homicidios en Brasil. Ceará y Rio Grande do Norte están en situación mucho peor. Río tiene esa cuestión mediática. El propio general interventor (Braga Netto), al asumir, dijo: “muchos medios”. Tiene razón. Ven el Carnaval y que la situación de Río es un caos, sí. ¿Pero no murió gente en Fortaleza? Porque es noticia que muriera gente en el Carnaval de Río, pero no en el de Juazeiro.

¿Cuáles deben ser los efectos inmediatos de la entrada de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro?

Yo supongo que, entre otras medidas mediáticas de combate al tráfico, el general deberá repetir la operación de las Olimpiadas. Fue él entonces el comandante. Es una planificación que tarda un año en hacerse y ya está lista. Sólo tienes que ponerla encima de la mesa y ejecutarla. Pero hay que recordar que esa operación se produjo durante dos meses. Esta durará diez. Por lo tanto, ciertamente, no puede hacerse con la misma intensidad. Eso va a tener que administrarlo el general

¿Qué debería hacerse entonces?

Río necesita medidas estructurales, no un plan a corto plazo. Para ello, diez meses son insuficientes. El general no parece hacer ningún tipo de reflexión al respecto (ni es su función). Es preciso decir que la intervención tendrá un efecto colateral en las elecciones. La Operación Olimpiadas ocurre por un pequeño período, en áreas muy específicas y a un coste altísimo. No es sostenible. Sin embargo, por más que sea criticada, genera una sensación de seguridad enorme. Esto va a tener un impacto enorme en las elecciones. Aunque la planificación no se ejecute íntegramente, el ciudadano verá mejoras. Habrá más gente en la calle y, probablemente, menos enfrentamientos entre facciones criminales, que tendrán que no dejarse ver durante unos meses. Durante algún tiempo, las cosas van a estar bien. No se sabe quién va a sacar réditos de eso. ¿Rodrigo Maia? No sé.

El 75 por ciento de la población de las Favelas de Maré estaba en contra de la ocupación militar en la región en marzo del año pasado. ¿Está justificado el temor por nuevas violaciones en favelas?

Es un riesgo real. No sé si el general volverá a ocupar favelas de Río. El costo de la Operación Maré fue muy alto, y no sé si ellos tienen recursos para hacer otra operación de ese tipo a tiempo completo. Si hacen estas operaciones, está claro que las violaciones volverán al mismo nivel. En una visión optimista, es posible pensar que han aprendido. Pero no tiene que ver con eso, sino con adecuación de la operación. Es una operación de ‘basekeeping’, que no es de Seguridad Pública. La idea es hacer que el personal deje de disparar durante un tiempo, que no busca la resolución de conflictos.

Sectores de izquierda temen que la presencia militar se extienda con poderes ampliados, pudiendo acabar impidiendo la celebración de elecciones este año. ¿Usted trabaja con esa posibilidad?

De ninguna manera. En mi opinión, cero coma cero por ciento de probabilidad. Hay una visión estereotipada de los militares, principalmente entre los sectores más a la izquierda, que no ha digerido bien el papel de las Fuerzas Armadas en la Nueva República. Mucha gente cree que el pensamiento de los generales es lo que Bolsonaro dijo de subir a la favela de Rocinha, dar seis horas para que el personal se entregue y, si no, ametrallar a todo el mundo. Pero él no es un general. Existe un estado de Derecho que aún está en vigor.

 

Fuente: Deutsche Welle